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Las constructoras temen que Ley de Morosidad genere mayor dependencia del crédito.

16-06-2010

Las empresas del sector creen que las Administraciones Públicas les seguirán abonando susfacturas a más de 100 días, mientras que ellas tendrán que pagar en dos meses. La patronal de las grandes empresas de construcción considera que la nueva Ley de Morosidad condenará a las compañías dedicadas a la obra civil a depender aún más del crédito bancario para financiarse.

En la actual situación económica y financiera, donde conseguir financiación bancaria se vuelve cada vez más complicado para cualquier empresa o particular, la patronal de las grandes constructoras, Seopan, se ha mostrado preocupada por la aprobación en el Congreso de los Diputados de la nueva Ley de Morosidad. Consideran que los cambios introducidos obligarán a las empresas que centran sus trabajos en la obra civil a depender aún más del crédito bancario para financiarse.

Según la nueva ley, las constructoras estarán obligadas a pagar a sus proveedores en 60 días. Sin embargo, las empresas creen que las Administraciones Públicas les seguirán abonando sus facturas a más de 100 días, debido a la precaria situación económica en que se encuentran las arcas públicas, en especial las de las entidades locales, lo que les impedirá cumplir con el plazo de 30 días que marca la ley.

"Resulta obvio que entonces dependerán del crédito bancario para financiarse, al suprimirse por ley el crédito comercial. Y ello se ve agravado en el escenario actual de importantes restricciones de crédito que afecta especialmente a las constructoras", advirtió la patronal en un comunicado.

Para Seopan la Ley de Morosidad no podrá cumplirse "mientras las Administraciones Públicas no se pongan al día en el pago de la deuda vencida que actualmente mantienen con las empresas y cumplan después sus plazos de pago”. Y es que las distintas Administraciones adeudan a las empresas del sector 22.300 millones de euros, sólo en lo que a obra pública se refiere. De esta cantidad, 16.800 millones están en la actualidad vencidos y en mora.

La patronal asegura que, hoy por hoy, la Administración General del Estado paga a las empresas con las que contrata a una media de 140 días, las comunidades autónomas a 155 y las corporaciones locales a 238 días. Por ello, estima “poco probable” que se puedan cumplir los nuevos plazos establecidos. "Si la actual deuda se ha acumulado durante años de ciclo económico expansivo, resulta poco realista esperar que en la actual situación económica se va a eliminar y además se van a cumplir los plazos".

Por su parte, la Asociación Nacional de Constructoras Independientes (Anci) asegura que "podría considerarse insconstitucional" la obligación de pagar a proveedores en el plazo de 60 días que introducirá la nueva Ley de Morosidad. La patronal de las constructoras medianas pide libertad para que las empresas puedan acordar con proveedores y subcontratistas los plazos en que abonarán sus facturas. "La libertad de pacto forma parte de la economía de mercado, de las leyes naturales de la economía y de los usos habituales del comercio, y su supresión podría ser incluso considerada inconstitucional", señaló Anci en un comunicado.

Fuente: Mercados de la Infraestructuras y de la Construcción

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