AEPIC se prepara para decir basta a las medidas del Gobierno que están llevando al sector de la Edificación a una verdadera vía muerta. La asociación considera inaceptable que los procedimientos de reclamaciones de cantidad y los procedimientos concursales lleguen a durar hasta 4 años. Se trata de una situación insoportable para cualquier empresa. La seguridad jurídica es un elemento esencial para la planificación y para la continuidad de la empresa, por eso, es vital que las medidas del gobierno vayan dirigidas a conseguir agilidad en el cobro de las deudas, agilidad en los procedimientos judiciales y agilidad en los trámites administrativos. Estas medidas requieren fundamentalmente voluntad política y las cantidades de dinero suficientes para modernizar los juzgados y ampliar el número de ellos, ya que de esta reforma también depende la productividad de España. Según la AEPIC, el dinero destinado al ‘Plan E’ hubiera sido mucho más eficaz destinado a esas reformas que hubieran revertido en miles de empresas y autónomos que han cesado en su actividad por imposibilidad de cobrar lo que se les debe. La crisis está golpeando con especial virulencia a las Pymes y a los autónomos españoles por la pasividad del Gobierno que ha desoído las propuestas del sector y sólo ha sabido improvisar medidas puntuales que de nada han servido para paliar la situación actual de desamparo. 116.000 autónomos han causado baja desde principios de año, siendo una situación particularmente dramática en el sector de la construcción con una reducción de 62.302 autónomos (el 11,5% de descenso), casi la mitad de todos los trabajadores por cuenta propia que ha perdido España en estos nueve meses. El sector quiere expresar su hartazgo a un gobierno que considera incapaz de hacer una reconversión industrial equivalente a la que se hizo en el pasado con los sectores metalúrgico, minero y naval, y cuyas hipotéticas medidas se absolutamente ineficaces para resolver los problemas estructurales de la economía española. La AEPIC exige medidas para agilizar el cobro de las deudas y tanto de los procedimientos judiciales como de las tramitaciones administrativas debidas a las deficiencias de la ley concursal actual que retrasa años la recuperación de las facturas debidas por las constructoras e inmobiliarias clausuradas por la crisis. Todo ello se agrava porque las administraciones locales se niegan a hacerse cargo de sus pagos, y se ha frenado la línea ICO ayuntamientos que apenas han reconocido 152 millones de los 3.000 que el Gobierno ha aportado. AEPIC exige una urgente reforma de la ley de morosidad que obligue a pagar a unos y a otros, sin excusas, en un plazo no superior a 60 días y de 30 días para las administraciones públicas: La subida de los impuestos y la obligación de abonar los importes del IVA antes de haber cobrado la factura, serán factores que hundan aún más el hundimiento del sector.
Fuente: Ecoconstrucción
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