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El Gobierno estudia la posibilidad de eliminar los pagos a proveedores a 90 días

27/11/08

La reducción de los plazos de pago, uno de los históricos caballos de batalla de los fabricantes frente a la gran distribución, está más cerca que nunca de una solución satisfactoria para los proveedores. El punto de inflexión ha venido de la mano de la crisis financiera, ya que la restricción del crédito a las empresas implica también dificultades para la financiación del capital circulante necesario para su funcionamiento diario.

La cobertura de sus necesidades a corto plazo se complica a medida que se retrasa el cobro de las mercaderías vendidas. La industria agroalimentaria no es ajena a esta situación.

Por eso, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab) ha exigido al Gobierno, dentro de su plan de proyección diseñado para asegurar su crecimiento en el futuro, la eliminación de la posibilidad de aplazar los pagos hasta los 90 días en la ley de morosidad de las operaciones comerciales. “La excepcionalidad se ha convertido en la norma”, recalcó ayer el secretario general de la Fiab, Jorge Jordana, quién cifró en 8.000 millones de euros anuales el montante que “la distribución nos secuestra de forma ilícita”.

Menos días
Su petición no ha caído en saco roto. El pasado 12 de noviembre, el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, defendió públicamente “la aplicación de la directiva de pagos para acortar los periodos de pagos”.

Por su parte, el portavoz de Agricultura del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados prepara una iniciativa para eliminar de la Ley de Comercio Minorista la excepcionalidad de pago a 90 días en las transacciones comerciales, según anunció a principios de este mes.

Según la directiva sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, los productos de alimentación frescos y perecederos deben pagarse antes de 30 días, mientras que el pago para los demás productos de alimentación y gran consumo no debe exceder de 60 días.

Sin embargo, en la transposición de la directiva al ordenamiento jurídico español se dejó la puerta abierta a aplazar los pagos hasta 90 días, siempre y cuando se prevea una compensación económica, tal y como quedó reflejado en la ley contra la morosidad en las operaciones comerciales de 2004, que regula la regulación sobre comercio minorista en este aspecto.

Jorge Jordana aseguró que, en la actualidad, no se pagan intereses de demora y lamentó que las comunidades autónomas no investiguen de oficio la situación, ya que las empresas no tienen posibilidad de denunciar a sus clientes.

En 2007, las principales cadenas de distribución en España recortaron sus plazos de pago en una media global de 40 días, según los datos extraídos de los balances de 2007 presentados en el Registro Mercantil. Carrefour y Alcampo son las dos únicas cadenas que superan los 90 días que como máximo permite la ley. En el caso de Carrefour, pagó a sus proveedores a 96,66 días de media, frente a los 105 del año anterior. Alcampo, por su parte, redujo en un día los pagos, hasta 94 días.

Cerca del límite de 60 días, se situó Mercadona, con una media de pago de 64 días, frente a los 76 del año anterior, mientras que Eroski fue la cadena que mayor esfuerzo hizo en acortar el pago a sus proveedores, al pasar de 85 días en 2006 a 68 en 2007.

Oportunidad
Por otra parte, el secretario general de Fiab recalcó que la industria de alimentación puede convertirse en un sector estratégico de la economía española en los tiempos actuales. Jorge Jordana se mostró optimista sobre la evolución de este sector, que supone el 17% del PIB industrial y que en lo que va de año ha sido capaz de crear 2.000 nuevos empleos. Con un saldo de 150 millones, genera una balanza comercial positiva.

Planes para un sector estratégico
1- Financiación. La industria agroalimentaria prevé invertir 1.000 millones en el próximo trienio y solicita el apoyo del ICO, así como el cumplimiento de los plazos de pago.

2- I+D. El sector agroalimentario aspira a convertirse en un ‘agitador tecnológico’ en España y pide el Gobierno que apoye la iniciativa con becarios tecnológicos.

3- Formación. Una de las particularidades del sector es su atomización, lo que hace necesaria la formación de los gestores de las pymes, un ámbito que genera la mayoría del empleo.

4- Administración. El sector se enfrenta a un hiperregulación que complica su funcionamiento, mientras los productos de países terceros no tienen el mismo nivel de exigencia.

5- Promoción. Ante las dificultades en España, es básico contar con un plan de promoción coordinado entre autonomías en el exterior.
 

 

Fuente: Expansión.com

http://www.expansion.com/2008/11/26/empresas/1227735858.html
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